[MÚSICA] [MÚSICA] Buenos días. El concepto de la participación urbana está de moda. No es algo reciente, es algo que observamos you desde bien entrados los años 90 tanto en ciudades europeas como en latinoamericanas. En términos generales, existe hoy un amplio acuerdo sobre la necesidad de una gobernanza de las ciudades más participativa, que ofrezca mayores oportunidades de participación ciudadana más allá de la elección periódica de los representas políticos, más allá de los cauces tradicionales de queja o de consulta de la ciudadanía, hacia las instituciones. Evidentemente el consenso no es total, y aún hay hoy mucha gente que considera que la puesta en marcha de cualquier espacio participativo conlleva una sesión ilegítima y peligrosa de la responsabilidad pública hacia colectivos participantes a los que a menudo se consideran poco representativos y poco informados. Pero incluso cuando honramos en el aparente consenso sobre las bondades de la participación, observamos que existen distintas concepciones sobre su significado, su objetivo, los colectivos que deben protagonizarla, etcétera. Querría profundizar un poco en esta cuestión porque entiendo que es central. Hoy todo el mundo habla de participación pero en realidad no todo el mundo está hablando de lo mismo, sino que puede estar hablando de cosas distintas e incluso de cosas contradictorias a pesar de usar el mismo término. Creo que es importante aclarar de qué estamos hablando. En los discursos y en las prácticas participativas de la gobernanza urbana podemos distinguir al menos cuatro grandes perspectivas, la primera la de la participación entendida como un derecho individual, un derecho que las personas deberíamos tener en nuestra relación cotidiana con la administración pública o con los proveedores de servicios públicos. Ese derecho individual de participación se concreta en otros más específicos, por ejemplo el derecho a ser escuchado a través de encuestas, de buzones, de quejas y sugerencias. Y el derecho a elegir, el derecho a poder elegir por parte de qué proveedores queremos recibir los servicios que presta el sector público, cambiándonos en caso de que no estemos satisfechos. Eso es lo que se hace por ejemplo a través de los sistemas de cheques escolares. Lo que se reclama desde esta perspectiva es superar esa visión clásica de la administración pública burocrática que monopoliza el conocimiento técnico y que por lo tanto you sabe lo que la ciudadanía necesita. Como ocurre en el ámbito del mercado, en la relación entre las empresas y sus clientes, lo que se sostiene desde esta perspectiva es que las administraciones deberían estar más abiertas a conocer las opiniones de los ciudadanos y deberían permitir que estos pudieran elegir quién y cómo deben proveerles los servicios que precisan. La segunda concepción es aquella que nos habla de la participación como espacio de representaciones objetivas. Esta perspectiva marca la importancia de las asociaciones en la vida pública en tanto que representantes de intereses y de preferencias ciudadanas y concibe los espacios participativos como espacios de consulta hacia las organizaciones sociales. El mecanismo participativo por excelencia en esta lógica son los llamados consejos consultivos de entidades, consejos de bienestar social, de gente mayor, de la mujer, consejos de distrito, de barrio, en general todos aquellos dispositivos que otorgan un rol preponderante a las organizaciones sociales en tanto que representativas de intereses y de preferencias ciudadanas en distintos territorios y entre distintos segmentos de la población. La participación desde esta lógica cumple una doble función, por un lado permite intermediar entre intereses sociales y territoriales diversos, por otro lado permite reforzar la legitimidad de las políticas públicas a partir de procesos de información y de consulta con las entidades. La tercera perspectiva es la de la democracia deliberativa, hay dos rasgos característicos básicos de esta perspectiva. EL primero es el énfasis en la participación de la ciudadanía a título individual independientemente de sus pertenencias asociativas. Algunos mecanismos deliberativos como los [INAUDIBLE] y las encuestas deliberativas se basan en la elección aleatoria al azar de los participantes a partir por ejemplo de [INAUDIBLE] municipal. El segundo rasgo es el acento del debate, en el contraste y el intercambio de ideas y opiniones como fundamento de la participación. El debate sobre asuntos públicos entre ciudadanos a título individual debe cumplir desde esa perspectiva dos funciones básicas, por un lado incorporar la perspectiva del ciudadano medio en la elaboración de las políticas públicas partiendo de la premisa de que cualquier ciudadano en base a su experiencia cotidiana puede aportar reflexiones y propuestas que enriquezcan el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, el debate público cumple una función importante de educación democrática en la medida que supone una oportunidad para comprender y experimentar las complejidades del proceso de toma de decisiones públicas. La cuarta perspectiva es la de la participación comunitaria, una perspectiva que pone en acento en la organización colectiva como mecanismo a través del cual empoderar a las comunidades y satisfacer necesidades colectivas. A menudo se pone el acento en la importancia de esta forma de participación entre las comunidades más desfavorecidas, aquellas donde el declive o la insuficiencia de lo que se ha denominado el capital social tiene efectos más graves. La participación ciudadana desde esta perspectiva debe favorecer el desarrollo y la consolidación de una entidad comunitaria como paso previo al desarrollo de las capacidades de organización colectiva que van a permitir satisfacer distintos tipos de necesidades sociales en el territorio. El mecanismo por excelencia que ha permitido desarrollar esta perspectiva de participación en países como España, son los llamados planes comunitarios. Hoy esta perspectiva está experimentando un cierto resurgimiento a partir de nociones como la innovación social o la economía comunitaria. Una quinta perspectiva que combina aspectos de algunas de las anteriores es la de la democracia radical, esta perspectiva sostiene que la participación ciudadana no debería concebirse solo como una forma de mejorar los mecanismos de representación democrática incorporando la voz de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas, sino que en realidad el valor fundamental de la participación es el de promover cambios significativos en las relaciones de poder político y social. La participación ciudadana debe contrarrestar el poder desproporcionado de influencias sobre la toma de decisiones públicas que tienen ciertas élites económicas en las ciudades. La participación también debe promover la redistribución de recursos públicos hacia los sectores populares. Esta es la filosofía con la que por ejemplo se pusieron en marcha buena parte de las experiencias [INAUDIBLE] participativos en América Latina a finales de la década de los 90. Una perspectiva que en cambio ha tenido menos eco en Europa. Seguramente podrían haber otras miradas, otros criterios de clasificación, otras formas de definir los rasgos básicos de cada perspectiva, pero lo importante es destacar cómo detrás de un concepto que aparentemente genera un amplio consenso se esconden en realidad perspectivas diversas, y en algunos aspectos hasta contradictorias sobre el qué, el por qué y el cómo de la participación. Aquellos que hayáis llegado a este punto de la reflexión, hacéis bien en plantearos que en realidad estas distintas miradas puedan existir en la gobernanza de una ciudad, y que en realidad lo más inteligente es articular distintos tipos participativos que respondan a lógicas diferentes. Es cierto, pero también me parece evidente que el hecho de poner el acento en una u otra mirada tiene implicaciones políticas de gran calado. Reconocer esas diferencias y sus consecuencias nos permite situar con más claridad el debate sobre el papel de la participación en la gobernanza de las ciudades. [MÚSICA] [MÚSICA]
