[SONIDO] Con el Tratado de la Unión Europea firmado en 1992 en Maastricht, el proyecto europeo se encaminaba hacia la unión económica y monetaria. El tratado contemplaba tres etapas, y en la tercera, se implantaría el euro que tuvo lugar el 1 de enero de 1999. Si bien, la circulación de billetes y monedas se retrasaría hasta 2002. El tratado contemplaba una serie de criterios y establecía unas etapas para las economías candidatas, de forma que se comprobara la existencia de una cierta convergencia nominal entre todas ellas. Tales criterios se referían a la inflación, el tipo de interés, el déficit público, la deuda pública, y el tipo de cambio. Fueron 11 los países que inicialmente adoptaron el euro en 1999. Progresivamente, se incorporarían otros países hasta los 19 actuales. En esta tercera etapa, entrarían a ejercer sus funciones en política monetaria el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El euro tuvo desde el comienzo una buena aceptación por parte del mundo económico y la opinión pública europea. Sin embargo, era difícil imaginar que poco después aparecería una serie de turbulencias que amenazarían su existencia entre 2010 y 2012. Estos efectos desestabilizadores se produjeron por los efectos de la crisis financiera, la crisis de la deuda pública, y las crisis inmobiliarias. A estos años muy difíciles para el euro corresponden una serie de iniciativas tendientes a mejorar el gobierno económico de la Unión Europea. En marzo de 2011, se aprueba el Pacto por Euro Plus, que comportaba la asunción de compromisos por los estados miembros en una serie de cuestiones importantes tal es la competitividad de sus economías, el mercado de trabajo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, y el reforzamiento de la estabilidad financiera. En el mismo año 2011, se aprueban dos paquetes normativos para prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos. Dichas actuaciones se realizan dentro del denominado Semestre Europeo. Desde 2012, el denominado Mecanismo de Alerta, realiza el seguimiento de una serie de indicadores, 11 indicadores de desequilibrios macroeconómicos que desde 2015 se han ampliado con tres otros indicadores del mercado de trabajo. También en 2012 se firma el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión, centrada en la estabilidad y la disciplina presupuestaria. Por su parte, la actividad del Banco Central Europeo en sus primeros años logró el objetivo de la inflación fijada en el 2% de crecimiento anual de los precios. Sin embargo, fue una actividad insuficiente para afrontar los efectos de la concurrencia de la gran recesión, las crisis bancarias, la contracción del crédito, el ahogo de la deuda pública en algunos estados, y el riesgo de desintegración del euro. Hubo que esperar al verano de 2012 para que las palabras del nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, restableciera la confianza en su misión. Dijo Draghi, el Banco Central Europeo está dispuesto a hacer todo lo necesario para preservar el euro, y créanme, será suficiente. Con este compromiso en septiembre de 2012, lanzó el programa OMT de compra ilimitada de deuda pública con vencimientos a menos de tres años en los mercados secundarios. También desde 2012, el Banco Central Europeo situó los tipos de interés en niveles prácticamente cero, ante el temor de que se instalara una situación de desinflación en algunas economías en la Eurozona. Y a partir de 2015, puso en marcha otro programa conocido como Expansión Cuantitativa, para inyectar liquidez a la economía. Otra institución creada dentro de este conjunto de iniciativas es el Mecanismo Europeo de Estabilidad Económica, operativo desde 2012. El MEDE realiza una serie de actuaciones entre las que se incluyen la concesión de préstamos a los estados, la adquisición de títulos de deuda pública de los mercados primario y secundario, y la contribución a la recapitalización de la banca. Su asistencia exige el cumplimiento de condiciones ad hoc. El carácter incompleto de la Unión Económica y Monetaria fue decisivo para el desarrollo de la crisis del euro y de los shocks que sufrieron un cierto número de economías de la Eurozona. De ahí las propuestas para completar la Unión Económica y Monetaria con una Unión Bancaria, en parte you creada, y con una Unión Fiscal que apenas avanza. La Unión Bancaria se basa en un código normativo único aplicable a todas las entidades y productos financieros. Desde noviembre de 2014 es operativo su primer pilar, el Mecanismo Único de Supervisión bajo el liderazgo del Banco Central Europeo. A su vez, en enero de 2016, entró en funcionamiento el segundo pilar, el Mecanismo Único de Resolución que cuenta con un fondo único de resolución para gestionar las crisis de los bancos no viables. El tercer pilar de la Unión Bancaria, debe decir un conjunto de garantías o seguros de depósito a escala europea, que reemplazara o complementara la cobertura de las instituciones existentes a tal efecto en cada país. A su vez, en el Plan Fiscal la concepción y el reducido tamaño del presupuesto de la Unión impiden que puedan realizar la función de estabilización macroeconómica. Casi todos los estabilizadores automáticos tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, están en manos de los estados miembros, y una parte de ellos se oponen a que haya nuevas iniciativas de gobernanza que supongan la instalación de transferencias fiscales aunque estas tengan carácter temporal y/o finalidad anticíclica. Sin embargo, conviene recordar al respecto que históricamente el proceso de integración europea ha intentado vincularse al objetivo de la cohesión. Objetivo formulado desde distintas perspectivas, pero principalmente desde las perspectivas territorial, económica y social. La creación de los fondos estructurales respondía en buena medida a dicha finalidad, es el caso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo. En esta línea opera desde 1993 el Fondo de Cohesión. Ahora bien, el nuevo panorama de las desigualdades llevó a la Unión en otoño de 2017 a la aprobación del denominado Pilar Europeo de los Derechos Sociales, a modo de declaración institucional orientada a mejorar los resultados sociales y la creación de empleo. No es un cuerpo normativo con carácter vinculante que implique una ampliación de las competencias de la Unión, pero actúa como agente impulsor de diversas iniciativas de la Comisión en este ámbito, y avala su agenda y en la discusión de iniciativas tales como el establecimiento de un seguro de paro de ámbito europeo, o la fijación de un salario mínimo en todos los estados miembros. [AUDIO_EN_BLANCO] [MÚSICA] [AUDIO_EN_BLANCO]